Desde hace muchos años y con gobiernos de izquierdas, de derechas, o de centro, toda norma jurídica que pretenda tener una buena acogida mediática y que tenga algo que ver con la economía, la banca, la construcción, el derecho civil, el administrativo, el mercantil, la sexualidad de los gasterópodos, el calentamiento global o las migraciones de las grullas… comienza, contiene o concluye recortando los derechos arancelarios de notarios y registradores.
Se ha generado así una especie de manual de estilo, prontuario o protocolo al que se ciñe y ajusta siempre el legislador de turno para no tener que romperse demasiado la cabeza a la hora de aparentar medidas, rellenar huecos, cuadrar páginas o simplemente fastidiar a estos dos amilanados colectivos. Es ya como el estrambote de todos los aburridos sonetos que se legislan por estas tierras o el estribillo recurrente y monótono de ese cancionero lúgubre en que se nos ha convertido el Boletín Oficial del Estado.
El Real Decreto Ley 8/2010 se ajusta fielmente a tan consolidada tradición y contiene la consabida rebaja de aranceles, pese a que su finalidad y título hagan referencia a medidas para reducir un deficit público en el que nada hemos tenido que ver quienes recibimos nuestra retribución directamente de los ciudadanos, sin que el Estado se gaste un euro en nosotros (aunque nos utilice cada vez más como archivos suministradores de datos, controladores de contribuyentes, guardianes urbanísticos, policias de la circulación de capitales, encuestadores de calle, criadas para todo o chicos de los recados).
El Presidente del Consejo General del Notariado ha emitido inmediatamente una nota muy ponderada, cuyo contenido suscribimos totalmente, pero que de nada va a servir si no va seguida de una intensa actividad política para mostrar y demostrar “a quienes corresponda” la perversidad de una medida que en el contexto en que se produce resulta, además de extravagante, claramente contraproducente, ya que al disminuir nuestros ingresos reduce nuestra aportación al erario público por la vía del IVA y del IRPF y, además, puede constituir la gota que colme el vaso o el último empujón que algunos necesitamos para decidirnos de una vez a reestructurar nuestras plantillas adecuándolas a la canija dimensión en la que hace meses estamos sumidos y que el propio Consejo cifra (¡y se queda corto!) en un descenso de documentación del 46 %.
Digamos además que la disposición en cuestión no cumple ninguno de los principios de buena regulación que el propio legislador se está dando en el artículo 4 del Proyecto de Ley de Economía Sostenible y que constituyen el test o chequeo al que debe someterse toda norma, un test que no superaría la que comentamos, en la que es difícil o imposible encontrar razones de necesidad, criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica o transparencia, sin que en su elaboración, apresurada y clandestina, se hayan respetado tampoco los principios de accesibilidad (estableciendo “mecanismos de consulta con los agentes implicados”) ni de eficacia (lo que requiere “identificación clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos“).
A pesar de lo dicho, algunos ingenuos bienpensantes seguimos esperando el Santo Advenimiento del Sentido Común y confiando en que el nuevo desgarro arancelario nos evite, reduzca o “temporalice” el zarpazo que nos amenaza agazapado en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible que, junto a normas tan ponderadas como las antes aludidas, contiene otras que nos maltratan en nuestra dignidad y en nuestro bolsillo al convertirnos en aparatos dispensadores automáticos de “sociedades todo a cien”. El Consejo General del Notariado tiene ahora más argumentos para convencer de la injusticia y gravedad acumulativa de la medida proyectada, aunque mucho nos tememos que no mueva ni un dedo en tal sentido. Poco cabe esperar de quienes nos tienen dicho que “sea como fuere, esa decisión gubernamental es la que es y a la misma ha de estarse, porque el notario es un funcionario público” (Escritura Pública nº 62, pág. 4).
Nuestros más altos representantes, ajenos como están a cuestiones tan mundanas como los aranceles, protegidos como están de sus avatares tras el burladero de sus compensaciones institucionales (léase sueldazo y demás canonjías), siempre creyeron que discutir de dinero no es cosa de señores y piensan ahora que hablar de algo tan vulgar no es propio de quien es tenido por auténtico señorito.
El gobierno mexicano y los notarios de ese país han firmado un convenio para que las personas de escasos recursos puedan otorgar testamentos a bajo coste, que puede verse haciendo 
El anteproyecto de LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, a su paso por el Consejo de Ministros, ha sido despojado de una de las “genialidades” que alguien, con equivocados criterios meramente economicistas, poco conocimiento de causa y cierta animosidad hacia el notariado, había sugerido. El informe del Consejo General del Notariado puso las cosas en su sitio, con argumentos serios que, transcendiendo de las meras razones corporativas, ponían de manifiesto los riesgos que el uso y abuso del invento podía acarrear, no ya a los notarios, sino al sistema mismo de seguridad jurídica. Como no podía ser menos, el Consejo de Ministros ha enmendado la plana a quienes, en momentos necesitados de mayor regulación y control, pensaban encomendar al lobo el cuidado de las ovejas, extendiendo a casos distintos y cosas diferentes una excepcion al principio de titulación pública como puerta de acceso a los registros de la propiedad.
Parece mentira que sean precisamente las Islas Canarias (donde se residencia la única asociación teóricamente mixta de notarios y registradores) el origen de los mas furibundos ataques de notarios contra el cuerpo de registradores de la propiedad, relevando así en tan desagradables menesteres a algún decano vasco que preferimos no nombrar. De aquellas tranquilas y relajadas islas y con firma y rúbrica notarial salió la denuncia de la incompatibilidad entre la función registral y la de liquidador de impuestos. Desde allí se informó de oscuras maniobras en la financiación de la nueva sede madrileña de los registros. Y de allí ha partido la maniobra recientemente orquestada para poner a los registradores a los pies de los caballos de la agencia de protección de datos.
Quienes creyeron que nada podía ir a peor y tuvieron alguna esperanza de que las cosas mejorasen… estaban muy equivocados. Siempre pueden empeorarse las cosas: Ojeda y su guardia pretoriana lo demuestran cada día. El clima de tensión que se está viviendo en el seno del Consejo General del Notariado es mucho mayor que el que se padecía en la anterior “legislatura”.
Don CARLOS E. RODRIGUEZ fue director técnico de la revista del Colegio Notarial de Madrid “EL NOTARIO DEL SIGLO XXI” hasta que dimitió de tal puesto mediante una carta dirigida al decano de dicho Colegio, plagada de acusaciones e improperios contra el anterior decano, fundador y director de la revista, JOSÉ-ARISTÓNICO GARCÍA SANCHEZ. Su airada despedida tuvo una inusitada y sospechosa repercusión mediática, posiblemente auspiciada por algún gabinete de imágen que desconoce lo que es la neutralidad institucional a la que determinados órganos y personajes vienen obligados.
La escalada de agresiones entre las más altas instancias notariales y registrales está causando perplejidad y verdadero escándalo en cuantos profesionales del Derecho o simples ciudadanos se asombran de nuestras miserias, ciertas o inventadas, tan profusamente difundidas por nosotros mismos a través de los medios de comunicación. No es de extrañar que la Directora General, con tan buenas intenciones como ingenuidad, haya convocado a los representantes de ambas corporaciones para exigirles un acuerdo inmediato sobre sus contenciosos.
Hemos tenido conocimiento de que el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, con fecha 7 de julio de 2009, ha dictado sentencia desestimando íntegramente la demanda presentada por Don JUAN BOLÁS ALFONSO contra el/los titulares/responsables de ALTERNATIVA NOTARIAL e imponiendo las costas al actor. Los defensores de la libertad de expresión nos felicitamos por esta esperanzadora decisión judicial y confiamos en que la misma adquiera firmeza o sea confirmada por la Audiencia, momento en el cual es de suponer que se planteará la posibilidad de recuperar aquel espacio de opinión del que nos hemos visto privados en los últimos meses.
Nadie podrá negar que el Presidente del Consejo General del Notariado tiene buenas maneras, al menos en comparación con su antecesor. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo nos vamos reafirmando en la idea de que esas buenas maneras constituyen su único activo y la única diferencia entre quienes nos gobernaban y quienes nos gobiernan, lo cual no debe extrañarnos, pues estamos ante los mismos perros pero con otros collares (dicho sea con ánimo descriptivo y sin intención de ofender). 
Hoy se cumple un año de la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulatoria de partes importantes de la última reforma del Reglamento Notarial. Hoy se cumple un año desde que el Tribunal Supremo sentenciase que ningún artículo del Reglamento Notarial podía reconocernos genéricamente la función (deber-derecho) de controlar la legalidad, toda vez que ninguna norma con rango de ley nos la atribuía, lo cual no deja de ser tan respetable como discutible.
No se trata de imitaciones ni de productos falsificados, que caerían de lleno en la órbita de lo punible, sino de productos o servicios que, con un menor coste, proporcionan utilidades aparentemente similares a las de los productos o servicios genuinos. Nadie confundía el café-café de la escasez de la posguerra con la infusión de malta o cebada retostada, o el vino blanco gaseado con el champagne francés o el cava catalán. Los sucedáneos no engañan a nadie, a nadie que no se quiera engañar.
Las disposiciones arancelarias contenidas en la Ley 41/2007 fueron desde el primer momento fuente de polémica, particularmente en lo que se refiere a las escrituras y a los asientos de cancelación de hipotecas, que en una lectura simplista pasaban a ser consideradas como documentos sin cuantía a efectos notariales y gozaban de una reducción del noventa por ciento en la base de los aranceles registrales.
Era sabido que el Consejo General del Notariado surgido de las últimas elecciones tenía mayoritariamente una voluntad netamente continuista, como corresponde a un órgano cuyo nucleo duro es prácticamente el mismo que ha venido rigiéndonos en los últimos cuatro años. Entre las pocas novedades de esta nueva etapa estaría, aparentemente, la política de comunicación, a la que se ha dado cierto impulso, aunque lo que está por ver es si ha sido en la dirección correcta. Todo empezó con una atenta carta del nuevo presidente, con algunas entrevistas en prensa y con varias “notas de presidencia”.
Las BASES DE BARCELONA traen cola. Ahora surge otra iniciativa conjunta de registradores y notarios para defender la denostada dualidad (¡que no duplicidad!) del sistema. Su nombre es bien elocuente: CONCORDIA. Ofrecemos esta página como vehículo de expresión de esta iniciativa.
Durante el cuarto trimestre del pasado año y primero del presente se han producido muchos e importantes acontecimientos que han afectado a notarios y registradores y, por tanto, al sistema español de seguridad jurídica preventiva. Como punto de partida para el debate parece obligado referirnos a tales acontecimientos para saber exactamente donde nos encontramos y tratar de adivinar hacia dónde se nos lleva.